4. LA ACTITUD DE LOS GOBERNADORES CIVILES
Un aspecto de interés que todavía no ha sido suficientemente estudiado, es la forma en que la actuación de los gobernadores civiles influyó en la deriva violenta de los acontecimientos. Es cierto que se daban unas condiciones sociales y polí- ticas que ineludiblemente parecían conducir en esa dirección, pero conviene analizar en qué grado fueron agravadas por las instrucciones de orden público emanadas desde el Gobierno Civil.
Ya desde la proclamación de la República, la presencia del moderado Miguel Maura en el Gobierno Provisional, ocupando la trascendental cartera de Gobernación, indicaba la obsesión de los nuevos dirigentes por evitar dar muestras de debilidad en un tema tan sensible. Con tal fin se procedió a nombrar a personas afines para ocupar los principales cargos de control político, mientras que en la policía y la guardia civil la tendencia fue al continuismo, probablemente por la ausencia de leales cualificados y por pretender dar la sensación de cambio pacífico.
Esta política conservadora en los nombramientos no era bien vista por las organizaciones de la izquierda, que criticaban la permanencia de antiguos represores monárquicos. Eso ocurrió en la ciudad de Toledo, donde las sociedades obreras protestaron por la continuación en sus cargos del comisario Seseña y del agente Latorre, represores del tiempo de la dictadura. Distinto fue lo sucedido con los nombramientos de los gobernadores civiles; Maura situó en estos puestos a personas leales que actuasen como agentes de su partido, la Derecha Liberal Republicana
En Toledo hubo seis gobernadores durante el periodo estudiado, según se aprecia en el cuadro 2. En términos generales, su actuación se caracterizó por las siguientes pautas: a) La inestabilidad. La presencia en poco más de dos años de seis gobernadores civiles habla por sí sola. Fueron mandatos tan breves como el del cuñado de Miguel Maura, José María Semprún, cuyo nombramiento parecía tener como objetivo su elección como diputado en las Cortes Generales, de modo que, una vez conseguido, se procedió a su sustitución. Igualmente breve fue el mandato de Luis Fernández de Valderrama, si bien en este caso su destitución obedeció a su ineficiencia en el desempeño de su cargo, según veremos más adelante.
Lo cierto es que, en esos momentos, Toledo era una de las provincias más complejas para gestionar el orden público. Las presiones continuas de los socialistas por un lado y la de los propietarios agrarios por otro, trazaban una línea intermedia en la que los representantes del Gobierno no supieron situarse. Como consecuencia nunca existió un programa de actuación autónomo, adaptado a las circunstancias del territorio y con suficiente flexibilidad para afrontar cuestiones relevantes. b) Política represiva y enfrentamientos con las fuerzas de izquierda. Desde la formación del Gobierno Provisional, quedó claro que la preservación del orden pú- blico era prioritario para los nuevos gobernantes. Sin embargo, en unos tiempos de grandes transformaciones como aquéllos, era cuestionable que el concepto de orden público se identificara con el que había establecido la Monarquía .
La llegada a Toledo del primer gobernador republicano, José María Semprún, aseguraba la identificación con la línea dura del Ministro Miguel Maura. Éste ya había dejado claros sus criterios en una circular emitida pocos días después de los asaltos a edificios religiosos30. Las demandas de rigor y dureza en la política de seguridad pú- blica fueron fielmente seguidas desde Toledo, según lo atestiguan las posteriores comunicaciones entre el Gobernador y el Ministerio31 . Pero el momento álgido de la represión contra las organizaciones de izquierda fue protagonizado por Luis Fernández Valderrama. A su cargo estuvo la nefasta actuación de la guardia civil en los sucesos de Corral de Almaguer32, ejemplo de desmesura en el tratamiento de un conflicto que se había iniciado en una simple reunión de obreros en una era, para concluir con la muerte a tiros de cinco campesinos en la plaza mayor del pueblo. Sin duda ese hecho condujo a su destitución y a ser calificado como el nuevo «Martínez Anido».
Una política más ecuánime, aunque discutida por los socialistas,fue la desarrollada por Manuel Asensi Maestre, el gobernador que más tiempo permaneció en el cargo. Pero los datos nos hablan de claroscuros en su gestión, pues simultaneaba la imposición de sanciones a los propietarios que no respetaban las bases33, e incluso solicitaba su encarcelamiento34, con una descarada política de propaganda a favor del partido radical y de enfrentamiento con los socialistas35 . La respuesta de la izquierda fue el desencadenamiento de una campaña organizada que buscaba su cese, para lo que remitieron cartas a Casares Quiroga desde las sociedades obreras, casas del pueblo y delegaciones del partido socialista pidiendo que fuera destituido.
Finalmente la campaña tuvo éxito y Asensi se vio forzado a dimitir. Según él, su dimisión tenía una doble motivación:
a) su marginación en la solución del problema campesino que afectaba a Talavera, donde el ministro le había ignorado encargando la gestión a Valdés, alcalde de la ciudad;
b) la razón principal parecía residir en la rivalidad creciente entre Lerroux y los socialistas37, contienda en la que él había sido un elemento pasivo.
Más del agrado del bloque socialista toledano resultaron los gobernadores Álvaro Botella e Isidro Liarte que por el contrario, fueron criticados por los propietarios y la derecha en general. La conclusión lógica de todo lo anterior es que la labor de los gobernadores de la República en Toledo constituyó un rotundo fracaso. Su naufragio en la gestión del sistema de seguridad y orden público en la provincia era, por otra parte, fiel reflejo de lo que sucedía a escala nacional.
El nuevo régimen desarrollaba una polí- tica errónea en uno de los ámbitos básicos del poder ejecutivo. La necesaria modernización del sistema de orden público no se produjo y los gobernadores civiles actuaron de la misma forma y con las mismas herramientas que lo habían hecho sus antecesores monárquicos.
Y todo ello en una sociedad que poco tenía que ver con la anterior. Con gran sagacidad situaba la cuestión el primer alcalde republicano de Toledo José Ballester Gozalvo, cuando debatía con el gobernador Manuel Asensi Maestre en torno a su dimisión; así definía lo que debía ser un gobernador republicano: Ser gobernador republicano es seguir procedimientos distintos a los de la monarquía, respetar en todo momento la constitución y que ésta sea en manos del gobernador, el instrumento que ampare los derechos ciudadanos.
5. LA POLÍTICA DE ORDEN PÚBLICO
La intervención de la Guardia Civil fue uno de los rasgos más criticables y destacados de la política de orden público de la II República. Cuestión de notable interés para la historiografía moderna, nos interesa ahora analizar su repercusión en el ámbito local toledano. El nuevo régimen que nació el 14 de abril de 1931 no tenía como una de sus prioridades la reforma del sistema de orden público de la Monarquía.
En consecuencia, desestimó la configuración de un esquema de libertades propio de un ré- gimen democrático, el resultado fue un déficit de derechos colectivos e individuales entre los que la negación del derecho de reunión era el más destacado. Un caso paradigmático en este sentido lo constituye el ya mencionado de Corral de Almaguer, en septiembre de 1931. Es éste el suceso de mayor gravedad de cuantos estamos tratando: cinco campesinos muertos por disparos de la guardia civil. Lo más relevante es que el origen del incidente se halla en una simple reunión de jornaleros, suspendida por un celoso funcionario.
Se reunieron en este caso los componentes necesarios para hacer inevitable la tragedia; a saber: una legislación restrictiva del derecho de reunión; un gobernador civil recién llegado e imbuido de la dureza represiva del ministro Miguel Maura40 , y unas fuerzas de la Guardia Civil sin preparación ni disposición adecuada para hacer frente a situaciones de este tipo.
En relación a lo anterior, numerosas voces republicanas se habían alzado en demanda de nuevos métodos para el mantenimiento del orden público y una adecuación de las técnicas y medios de la Guardia Civil. El máuser, principal arma de dotación, era también el emblema de sus dos mayores defectos: la contundencia incontrolada en la represión y su dependencia militar .
Pero los cambios no se produjeron y siguió predominando un modelo político de orden público por encima del profesional. Por eso, lo prioritario en la política de seguridad será la preocupación por la ocupación militar del territorio y la represión de las actividades contrarias al sistema establecido .
Todo ello desembocaba en un esquema policial rígido a par-tir de planes de despliegue muy amplios, pero limitados en hombres. Un ejemplo clarificador sería el «Plan de concentración para grave alteración de Orden Público» de la provincia de Toledo . Se trataba de propósitos imposibles de cumplir eficazmente, puesto que se partía de un número muy reducido de efectivos y medios de transporte escasos y anticuados. En definitiva, se soslayaba la necesaria reforma de un cuerpo que debería haberse orientado hacia la investigación y persecución del delito común. La cadena de incidentes sangrientos sucedidos, entre otros lugares en Toledo, es muestra de las consecuencias que tuvo el grave error de dejar de lado la reforma de un sector tan importante de la Administración policial.
Pero si se quería hacer de la Guardia Civil un cuerpo policial adecuado a la nueva situación política, eran imprescindibles reformas de mayor calado y que tenían que ver con el inconsciente colectivo; había que vencer la impopularidad de este cuerpo entre las masas campesinas. La tarea se presentaba tan descomunal, que probablemente fue la razón que condujo a los políticos republicanos a buscar otra solución. El propio Maura reconoció que otro cuerpo policial mejor dotado y preparado podría enfrentarse más acertadamente a la inseguridad44 y, pese a ello, renunció a introducir reformas en dicha institución.
La creación de una nueva fuerza de seguridad parecía ser la opción más adecuada. Surgió así la nueva Sección de Asalto. Dotada con sable, pistola y porra pero no con máuser, padecía sin embargo defectos importantes, como el carácter castrense de sus mandos, que muy pronto le impregnará, o la politización de la gran mayoría de sus miembros. Ciertamente el nuevo cuerpo de seguridad alcanzó pronto un notable éxito entre las masas republicanas, y en muy poco tiempo contaba con más de mil guardias y numerosos aspirantes. Y fue precisamente en Toledo donde sufrió sus primeras bajas. A principios de marzo de 1932, en la capital provincial, la Unión Local de Sindicatos (ULS) había declarado una huelga en demanda de medidas contra el paro forzoso.
Las manifestaciones de huelguistas y los incidentes se extendieron por la ciudad, y en esas condiciones se produjo la primera intervención de los guardias de asalto. En los enfrentamientos resultaron heridos muy graves los guardias Estera e Ibáñez, que murieron posteriormente. Para la prensa católica los disparos fueron obra de pistoleros comunistas, y de hecho, las detenciones que se produjeron a continuación, afectaron a miembros de dicho grupo, entre ellos el abogado Virgilio Carretero.
Pero el elemento más definitorio de la política de seguridad durante el primer bienio republicano fue sin duda la Ley de Defensa de la República. Aprobada en octubre de 1931, pretendía atender las amenazas que acechaban al nuevo régimen y que, a los ojos del sector más conservador del Gobierno Provisional, poní- an en peligro el futuro republicano. En su esencia la nueva norma apoyaba los mé-todos tradicionales en la gestión del orden público; se trataba de un recurso a la legislación especial, como se había hecho durante la Monarquía, al mismo tiempo que desechaba la posibilidad de profundizar en el desarrollo de las libertades y de un modelo de seguridad acorde con el sistema democrático.
Con acierto ha destacado Manuel Ballbé la inconsistencia legal a que dio lugar la publicación de la ley subrayando la contradicción que se produjo entre dicha ley y el Título III de la Constitución que se aprobó meses después, pues mientras la norma constitucional establecía un régimen garantista de derechos y deberes de los ciudadanos, la Ley de Defensa de la República se situaba en el terreno de la excepcionalidad .
La eficacia de esta norma fue muy limitada. Únicamente podemos apuntar que al menos supuso un freno a la influencia del poder militar en el orden público. Pero el Ministerio tenía el firme propósito de aplicar la ley en toda su potencialidad. En consecuencia remitió circulares al gobierno civil, pidiendo informes sobre personas extremistas de la provincia a las que se les pudiese aplicar dicha ley, 47 y demandando el control de la prensa provincial. 48 Y en ese sentido, los gobernadores civiles toledanos fueron especialmente sumisos a las instrucciones procedentes de Madrid.
El impulso ministerial debió animar al Gobierno Civil a utilizar este instrumento legal de forma abusiva, hasta el punto de que, poco después, fue necesario advertir sobre los excesos que se estaban produciendo en su aplicación; se llegaba incluso a mantener en prisión a detenidos que previamente habían sido excarcelados por el juez, sin calibrar siquiera la gravedad del delito cometido. 49 Empezó a generalizarse la aplicación de la norma, concebida con carácter excepcional, a cuestiones de índole ordinaria como la mera rivalidad entre propietarios y jornaleros; así actuó el gobernador Manuel Asensi cuando impuso multas de 1.000 pesetas a varios propietarios de Gerindote acusándoles de «reincidencia y obstrucción sistemática» por negarse a cumplir las bases de trabajo.
Pero, mayor celo funcionarial mostró su sustituto, el gobernador Juan Serrano Piñana, cuando remitió al Ministerio de la Gobernación un librillo de papel de fumar confiscado en un estanco de Torrijos, marca «Nacional», que utilizaba en su envoltorio los colores de la bandera monárquica. Sostenía Serrano que dicho librillo «constituía una provocación para los elementos republicanos».
En consecuencia, los instrumentos de los que se dotó la República para estructurar un sistema de seguridad adecuado a la nueva situación no cumplieron las expectativas previstas. Además, la timidez de las reformas apenas consiguió retocar la superficie de unos problemas que amenazaban la propia supervivencia del régimen.6.
CONCLUSIONES
1. Durante los años del bienio republicano reformista tuvo lugar en Toledo un movimiento de concienciación política de gran alcance. Este proceso resultó especialmente llamativo porque se daba en una zona donde la sociedad tradicional parecía inamovible. Partiendo de una situación de injusticia atávica, las clases populares de la provincia depositaron sus esperanzas en el nuevo régimen y se dispusieron a defender lo que consideraban una ocasión histórica.
A tal efecto se construyó de la nada y a gran velocidad, una estructura organizativa que canalizase sus reivindicaciones. En muy poco tiempo brotaron en los pueblos sociedades obreras, sindicatos y delegaciones de los partidos de izquierda. Entre los campesinos toledanos, acuciados por un paro muy elevado, empezó a popularizarse el debate político que les familiarizó con principios ideológicos revolucionarios. Y de esa contienda de ideas, a la que se unió la polémica en torno a la praxis, surgió una división en el mundo de la izquierda.
Frente a una alternativa moderada y posibilista encabezada por el PSOE y la UGT, se encontraba la línea intransigente del PCE, partidario de ir a la revolución proletaria de manera inmediata. La batalla entre ambas concepciones tomó caracteres preocupantes, que más tarde tendrían una proyección conocida por todos.
De esta forma, Toledo se convirtió en la provincia con mayor número de afiliados a sindicatos en sus ramas agrarias, y el nivel de politización de las capas obreras permitió el desarrollo de acciones reivindicativas propias de situaciones revolucionarias. Consecuentemente, las masas rurales se proveían de un cuerpo ideológico que las capacitaría para la lucha social que las enfrentaba a los propietarios agrícolas y a la derecha sociológica. Ésta también había pasado por un proceso, si no de concienciación, sí de reconstrucción del contenido ideológico.
El derrumbe de la derecha monárquica forzó la aparición de nuevas alternativas políticas, capaces de aglutinar el apoyo de las siempre cuantiosas masas derechistas de la provincia. Su trabajo en pueblos y parroquias de todo Toledo terminó fructificando en el triunfo electoral de noviembre de 1933.
2. Cuando las masas proletarias adquirieron conciencia de su situación, iniciaron el camino hacia la transformación social. El cambio político permitió llevar más lejos las demandas obreras; objetivos de corto plazo cedieron el paso a otros de largo alcance, de carácter estructural. El reforzamiento de las posiciones de izquierda y la vulgarización de usos violentos favorecían la vía de las conquistas sociales.
De otra parte, la oposición del renovado bloque derechista, unido ante la presión obrera, dio lugar al desencadenamiento de infinidad de incidentes en los que la violencia fue elemento esencial. Huelgas, ocupaciones de tierras, pueblos durante el Primer Bienio republicano... sublevados... actos todos ellos que terminaban siendo reprimidos contundentemente por la Guardia Civil.
Es una agitación que se nutre de acciones violentas propias del siglo anterior, junto con otras modernas que recurren a la insurrección y al enfrentamiento con las fuerzas policiales. Treinta y dos muertos y más de 60 heridos en poco más de dos años fue el trágico producto de estos tiempos. Estas cifras corrigen al alza las hasta ahora existentes, y aún hemos dejado algunas más, pendientes de ulteriores investigaciones, puesto que, de momento resultan dudosas.
3. La agitación social que vivió Toledo entre 1931 y 1933 no se explicaría sin la intervención de un factor decisivo: la errónea política de orden público de la República. La gestión de esta parte de la Administración por los sectores más conservadores del Gobierno sentó las bases de una línea de actuación anclada en los hábitos del régimen anterior. En la zona geográfica que estudiamos, los efectos de esta política incrementaron la gravedad de la situación.
Tres pilares básicos de la acción del gobierno fracasaron en sus funciones.
1) Los gobernadores civiles, de manera general, pecaron de inestabilidad y falta de compromiso con un esquema de orden público verdaderamente democrático. Además, en no pocas ocasiones, su permanente recurso a la contundencia represiva concluía agravando las acciones de protesta obrera que pretendía solventar. Así pues, fueron incapaces de implicarse en la provincia y comprender los complejos problemas sociales que afectaban a buena parte de la población.
2) Mientras tanto la Guardia Civil siguió siendo el más importante instrumento de la acción ejecutiva. Su identificación con los intereses de la derecha y su tradicional abuso de la represión indiscriminada la convertía en enemiga de la clase trabajadora, eliminando cualquier capacidad mediadora.
3) Tampoco la creación de un nuevo cuerpo policial, la Guardia de Asalto, resolvió el problema de la presencia de los militares en el orden público ni la politización de quienes debían preservarlo. La Ley de Defensa de la República constituía el brazo legal que debería dotar al régimen del 14 de abril de estabilidad y seguridad.
Sin embargo, su escasa eficacia y la contradicción que se estableció entre esa ley excepcional y la nueva constitución republicana condicionan nuestra visión sobre la misma. Por tanto, concluyamos que la política de seguridad y orden público de la Segunda República jugó un papel determinante en la dinámica de agitación social que tuvo lugar en Toledo durante el primer bienio republicano.
Unas fuerzas de seguridad renovadas y con métodos adecuados podrían haber limitado el alcance de los conflictos que hemos referido. Lejos de ello, la actuación cotidiana de esas fuerzas, bajo la dirección política del Gobierno Civil, convirtió meros incidentes de orden público en actos de violencia extrema que retroalimentaban el odio de los campesinos hacia la Guardia Civil.
En definitiva, aunque sólo tuviésemos en cuenta el aspecto cuantitativo de los sucesos violentos que hemos estudiado, podríamos afirmar que Toledo fue una provincia de primera línea en la lucha política y social durante los primeros años de la Segunda República. Pero si además revisamos la tipología de los sucesos, podemos concluir que nos hallaríamos, cuanto menos, en el inicio de un proceso
© UNED. Espacio, Tiempo y Forma 223 Serie V, Historia Contemporánea, t. 20, 2008 de revolución social.
Acotándolo en el tiempo, diríamos que el primer bienio representó en Toledo el prólogo de un fase revolucionaria que, obviando el período derechista de la República, tendría continuación en la primavera revolucionaria de 1936 y en los años de la guerra civil.
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