El crimen que llevó a Carnicero hasta la prisión melillense fue cometido en la noche al 29 de mayo de 1891 en Lillo.
La víctima fue Antonio Gómez Choco, tiroteado en el corral de su casa mientras estaba orinando. Su muerte causó gran alarma en todo el pueblo
Los últimos años del siglo XIX fueron convulsos en la localidad de Lillo, sufriendo las consecuencias del caciquismo reinante en muchos pueblos de la provincia (Foto, Archivo Diputación Provincial)
Por ENRIQUE SÁNCHEZ LUBIÁN
@eslubianTOLEDO
Actualizado:13/11/2018 20:14h
El 16 de agosto de 1899, León Vicente Fernández Carnicero, alias «Marica», natural de Lillo, se encontraba picando piedra en la cantera de Ataque Seco en Melilla.
Formaba parte de un batallón de penados recluidos en la plaza fuerte y había sido trasladado allí para cumplir pena de cadena perpetua, tras haberse librado de ser ejecutado, tal y como la Audiencia Provincial de Toledo le condenó en 1893 como responsable de un asesinato cometido en su localidad natal.
Aprovechando un descuido de sus vigilantes, emprendió veloz huida, consiguiendo escabullirse en territorio marroquí. Nueve meses después fue localizado en El Romeral, detenido e ingresado de nuevo en la cárcel toledana.
El crimen que llevó a Carnicero hasta la prisión melillense fue cometido en la noche al 29 de mayo de 1891 en Lillo.
La víctima fue Antonio Gómez Choco, tiroteado en el corral de su casa mientras estaba orinando.
Su muerte causó gran alarma en el pueblo, toda vez que desde hacía unos meses los episodios violentos se sucedían allí con el trasfondo latente del caciquismo político que por aquel tiempo azotaba numerosos puntos de la provincia.
Los primeros detenidos por la muerte de Choco fueron sus vecinos, el matrimonio conformado por José Antonio Moncayo y Bernarda María Vélez y su hijo Julián. Aparecían como principales sospechosos, toda vez que los disparos fueron efectuados desde una ventana de su casa, contigua a la del asesinado, y las desavenencias entre ella y la mujer del tiroteado eran conocidas en el pueblo.
Dado los antecedentes violentos que se habían registrado en Lillo, no tardó en personarse allí el gobernador civil, con la finalidad de recabar información de primera mano sobre cuales podrían haber sido los motivos reales del crimen.
Cuando horas después regresó a Toledo, estaba convencido de que las razones del asesinato se relacionaban más con enemistades femeninas que con motivos políticos. Pese a ello, los ecos del caso llegaron hasta el Congreso de los Diputados, donde se escuchó que «en Lillo era imposible vivir» a causa de tiroteos, asaltos a casas y disputas provocadas por bandas incontroladas.
Tras ser detenida, Bernarda declaró que el autor del disparo había sido Pascual Muñoz, conocido en el pueblo con el sobrenombre de «Ojos de Santo».
Éste dijo que, en realidad, solamente había sido testigo del crimen, derivando la responsabilidad hacia León Vicente Fernández Carnicero, quien contaba con numerosos antecedentes penales y ya había estado tres veces en prisión. Muñoz indicó que Carnicero había actuado inducido por Bernarda, toda vez que, según se decía, ambos mantenían relaciones íntimas.
Estas acusaciones fueron rebatidas por Carnicero, argumentando que quienes dispararon fueron Muñoz y otro cómplice suyo, Rufino González.
Momentos antes de perpetrarse el crimen, los tres habían estado cenando juntos, huevos y caracoles, en una huerta conocida con el nombre de «Concejo», que distaba unos doscientos metros del corral donde fue muerto Choco y era propiedad de Gumersindo Díaz Cordovés, otro de los políticos conservadores más conocidos de la provincia de Toledo.
Momentos antes de perpetrarse el crimen, los tres habían estado cenando juntos, huevos y caracoles, en una huerta conocida con el nombre de «Concejo», que distaba unos doscientos metros del corral donde fue muerto Choco y era propiedad de Gumersindo Díaz Cordovés, otro de los políticos conservadores más conocidos de la provincia de Toledo.
Fortín del Ataque Seco, en Melilla, de cuya cantera se fugó León Vicente Fernández Carnicero en 1899
Dos años y medio tardó el caso en llegar hasta la Audiencia Provincial de Toledo para ser juzgado. En el banquillo de los acusados se sentaron los seis detenidos.
El ministerio fiscal, representando por Felipe Pozi, consideraba probado que los autores de los disparos fueron«Marica» y «Ojos de Santo», reservando para los otros cuatro encausados la consideración de coautores. Para todos ellos solicitaba pena de muerte.
Desde una hora antes de iniciarse la sesión, numerosas personas aguardaban en las puertas de la sala donde iba a celebrarse la vista a que el alguacil diese la voz de «audiencia pública» para precipitarse al interior y ver cómo, esposados de dos en dos, entraban en ella los procesados.
Las declaraciones de los diferentes testigos evidenciaron que entre Bernarda y Rosa Díaz, esposa de García Choco, había una profunda enemistad, habiendo llegado la primera a envenenar cuatro gallinas de la otra. Varios de ellos manifestaron haberle oído amenazar de muerte a Antonio y a su hijo.
Estas diferencias, sin embargo, no parecían afectar a sus maridos, según declaró el propio Moncayo, quien llegó a decir que él y Choco eran los «hombres más de bien» que había en el pueblo, y que por aquellos días todos en Lillo llevaban armas, las cuales se compraban con toda facilidad, como si fuesen «zanahorias».
Otra cuestión que quedó meridianamente clara en la vista fue el estado de intranquilidad y desasosiego que por aquellos días se vivía en el pueblo. Martín Lillo, teniente de la Guardia Civil confirmó que determinados individuos estaban organizados en partidas «de la porra» y «escopeteros», teniendo aterrorizado a vecindario con sus fechorías.
Algunos testigos acusaron a Carnicero de estar al frente de una de las bandas.Gumersindo Díaz Cordovés y Venancio González, conocidos políticos toledanos durante la Restauración, vinculados con la localidad de Lillo y su entorno.
Significativa fue la aportación de Emilio Martínez Cerdano, hortelano de la propiedad de Díaz Cordovés, quien indicó que cuando la noche del crimen Pascual, Rufino y León llegaron al «Concejo», éste último llevaba un bulto envuelto en una manta, que bien podría ser un trabuco. Bebieron juntos un trago de vino y poco después, tras sonar un cohete, salieron los tres del lugar, oyéndose al poco rato los disparos que acabaron con la vida de Choco.
En su declaración, Bernarda dijo que la víspera del día de autos, Muñoz le había confesado que quería matar a García Choco y que la noche en que se perpetró el crimen se presentó en su domicilio con una escopeta, amenazándola. Esa circunstancia no fue óbice para que se acostase y en el duermevela, según confesó, escuchar unos disparos.
Como las sucesivas declaraciones y careos de cuantos testigos fueron llamados a declarar no arrojaban luz suficiente para determinar el grado de implicación real de cada uno de los procesados, el tribunal se desplazó en tren a Lillo, para reconocer de primera mano el escenario del crimen.
Allí se determinó que se efectuaron dos disparos, uno desde la escalera de la casa de los Moncayo y otro desde una puerta entreabierta del mismo corral.
Allí se determinó que se efectuaron dos disparos, uno desde la escalera de la casa de los Moncayo y otro desde una puerta entreabierta del mismo corral.
Por la trayectoria del impacto en el cadáver de Gómez Choco, este último fue el que provocó la muerte. De regreso a Toledo, el fiscal, tras considerar que el ambiente que se vivía en Lillo era parecido a una «kábila rifeña», acusó como autores materiales del crimen a «Marica» y «Ojos de Santo», con el agravante de nocturnidad y alevosía.
Para Bernarda y Rufino sostenía que solamente habían participado en calidad de cómplices y exculpaba de toda responsabilidad a los Moncayo (padre e hijo), quienes de inmediato quedaron en libertad.
Los abogados defensores, Federico Lafuente, Julián Esteban Infantes y Antonio Martínez Bringas, rebatieron que tal culpabilidad estuviese clara, ni que en el asesinato hubieran influido cuestiones políticas, argumentando que los acusados carecían de cultura y posición para interferir en la misma.
Sus argumentos no fueron tenidos en cuenta por el jurado, que dio por buenas las tesis del fiscal, declarando culpables a los acusados. A la vista de ello, el tribunal de derecho, condenó a «Marica» y «Ojos de Santo» a pena de muerte, mientras que a los otros dos procesados se les impusieron diecisiete años de reclusión.
Conocida la sentencia, Bernarda, quien durante las sesiones del juicio había sufrido varios síncopes, rompió a llorar, llamando desgarradoramente a sus hijos. La escena, calificada en la prensa de la época como «tristísima», conmovió hondamente al público.
Mientras tanto, Fernández Carnicero, al saber que acaba de ser condenado a muerte, y según escucharon algunos asistentes, dijo al presidente del tribunal, Jorge Morlán: «¿usted cree que yo me arrepiento?».
Días después de conocerse la sentencia, los vecinos de Lillo volvieron a vivir sobresaltados un nuevo crimen. Policarpo Chacón, alias «Carabina», de treinta y ocho años, fue encontrado muerto, presentando una herida de arma blanca en el vientre.
Ante este nuevo asesinato, en la prensa madrileña se afirmaba que raro era el día en que la localidad no registraba alguna pendencia, insistiéndose en que la larga sombra del caciquismo estaba latente.
Ante este nuevo asesinato, en la prensa madrileña se afirmaba que raro era el día en que la localidad no registraba alguna pendencia, insistiéndose en que la larga sombra del caciquismo estaba latente.
«Cabe preguntar -se afirmaba en “La Época”- si Lillo pertenece a España o al Riff, si hay leyes protectoras para los hombres honrados o no, y si será posible poner coto a tales actos de salvajismo que son el escándalo del país». Como responsables de esta nueva muerte fueron detenidos tres hermanos conocidos con el sobrenombre de «Los Anises», así como su madre y la esposa de uno de ellos.
En mayo de 1894, en el Tribunal Supremo se vio el recurso de casación interpuesto por el abogado Federico Lafuente contra las sentencias de muerte contra Pascual Muñoz y León Vicentre Fernández Carnicero.
Como el mismo no prosperó, diversas personalidades políticas, directores de periódicos toledanos y madrileños y autoridades provinciales elevaron a la reina María Cristina una petición de indulto. La súplica consiguió su fin y el veinticinco de julio de 1894, la regente firmó en San Sebastián un real decreto por el que se les conmutaba la pena máxima por la inmediata de cadena perpetua.
Fernández Carnicero fue trasladado al penal de Melilla para cumplir la pena. Y de allí, cinco años después de ser indultado, huyó mientras realizaba trabajos en la cantera de Ataque Seco, una de las fortificaciones próximas a la ciudad de Melilla, donde por entonces comenzaba a conformarse una incipiente barriada.
Una vez «libre», en vez de continuar su vida en tierras marroquíes, cometió el error de volver a su pueblo natal. Lo hizo valiéndose de una cédula de nacionalidad, expedida en toda regla por el cónsul de España en Tánger, a nombre de Joaquín Taruay del Valle, industrial, casado, de treinta y nueve años de edad y natural de Málaga.
Este subterfugio, que pudo valerle para cruzar fronteras, no le sirvió de mucho en Lillo, donde fue reconocido por sus paisanos, no tardando en ser detenido en El Romeral y trasladado a la cárcel provincial de Toledo.
En ese trance volvió a hacer gala de la arrogancia que ya había demostrado al serle comunicada la sentencia de muerte, declarando que volvió a su pueblo con la pretensión de exigir a su hermano dos mil pesetas que tenía suyas y regresar luego a África donde aseguraba encontrarse «perfectamente».
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/centenario-quijote/abci-condenas-muerte-crimen-lillo-caciquismo-y-pendencias-vecinales-201811131955_noticia.html
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