Entrada de Baldomero Espartero en Madrid el 29 de julio de 1854. Litografía de Vicente Urrabieta.TOLEDO FINGIDO Y VERDADERORodrigo González-Alegre se impuso como defensor de las reivindicaciones toledanas desde su primera elección como Diputado en Cortes en 1854
José Luis del Castillo
TOLEDO
Actualizado:07/12/2020
Un 18 de julio insurreccional
Decretado el estado de sitio en todo el país tras el levantamiento militar protagonizado a finales de junio de 1854 por Leopoldo O’Donnell (1809-1867) y Domingo Dulce (1808-1869), la provincia había quedado al mando del mariscal de campo Pascual de Real y Reyna (1796-1868).
Había combatido éste en el ejército carlista y vivido exiliado hasta poco antes de ser encargado del Gobierno militar. Su decisión de armar a esbirros para sostener el orden público fue contestada el 10 de julio en una reunión del Ayuntamiento con los mayores contribuyentes y vecindario, donde González-Alegre propuso encomendar la tranquilidad de la ciudad a los vecinos.
Fuese por entender que aludía a la reorganización de la Milicia, caso probable, o por otras razones, días después era destituido como concejal por orden del Gobierno Militar, dada el día 8. Volvería pronto a la esfera institucional debido al éxito de las protestas antigubernamentales, extendidas por el territorio nacional desde que el 7 comenzara a difundirse el Manifiesto de Manzanares redactado por Antonio Cánovas, secretario de O’Donnell.
El 17, la población madrileña levantó barricadas, exigiendo poner fin al sistema de gobierno imperante, y asaltó las casas de los denostados Luis Sartorius, José de Salamanca y María Cristina de Borbón, la Reina madre. El General Fernández de Córdoba (1809-1883), al tiempo que asumía la Presidencia del Gobierno, intentó sofrenar la sublevación auxiliado por, entre otros, el coronel Joaquín de la Gándara, socio suyo en el proyecto de ferrocarril de Aranjuez a Toledo.
El fracaso de su empeño dio paso el 19 a una Junta de Salvación que se apresuró a restablecer la Milicia Nacional y a ponerse a las órdenes del General Espartero, quien el día 29 haría su entrada triunfal en la capital del reino, procedente de Zaragoza, para presidir la coalición de liberales y progresistas que tomó el poder.
En Toledo, respondiendo al Manifiesto de Manzanares y siguiendo los ejemplos de Barcelona y Zaragoza, sublevadas desde el 17, se formaba el 18 una Junta de Gobierno provisional presidida por el brigadier, cercano a O’Donnell, Antonio Ramírez Arcas (1809-1865), comandante general de la provincia. De ella formaba parte el comisario provincial de montes, Onofre Rodríguez Varo, junto con González-Alegre, los libreros Blas Hernández y Juan Bueno, el abogado León González y el comerciante Manuel López del Valle, miembros todos ellos de la Milicia Nacional.
Ramírez Arcas sustituiría en el Gobierno militar a Real y Reyna, así como en el civil al ultraconservador Miguel María de Fuentes (1805-1878), propietario agrícola de Santa Cruz de la Zarza, hasta que el abogado moracho Francisco Carranza Maldonado fue nombrado para tal puesto por la Junta.
Ésta sería oficializada pocos días después, tras ordenar la disolución de la Diputación e incorporar representantes de los distintos partidos judiciales, si bien pasó a tener tan solo carácter consultivo de los Gobiernos central y provincial a principios de agosto.
La insurrección triunfará en Toledo sin altercado alguno gracias a todos ellos, resueltos a defender las libertades obtenidas y a evitar que fueran desbordados los objetivos de recuperación de la legalidad constitucional y de moralización formulados en el Manifiesto.
Mantuvieron sus cargos hasta la venida del nuevo Gobernador, Mateo Navarro Zamorano (1809-1865), y la elección, de Diputados en Cortes. González-Alegre asumió la vicepresidencia del organismo y la Comandancia de la Milicia, una vez reorganizada, mientras que Blas Hernández era nombrado Subinspector provincial de la misma.
El Ayuntamiento quedó a su vez constituido el 22 de julio con representantes de las diversas tendencias liberales, desde los moderados, caso del alcalde, José Víctor Zenón Acevedo, y del teniente alcalde 1º, Dámaso de Arza, hasta los republicanos, como Mariano Villanueva. Se ponían así las bases urbanas de lo que más tarde sería la Unión Liberal.
Un toledano en las Cortes constituyentes
El 10 de septiembre, cerca de 800 personas procedentes de los doce Partidos judiciales se reunieron en el teatro de la capital provincial, convocados por la Junta y la Milicia Nacional, para designar candidatos a Diputados en Cortes constituyentes.
Sería la única vez que fueran escogidos en Toledo y no desde Gobernación. Cuantos obtuvieron acta a principio de octubre –ninguno de ellos cunero, esto es, afincado fuera de la provincia– formaban parte de esa candidatura.
Rodrigo González-Alegre obtuvo el segundo mayor número de votos, detrás de Ambrosio González, abogado natural de Gálvez, y delante de Pedro Nolasco Mansi, propietario y miembro de la Junta de Gobierno Provisional por Puente del Arzobispo, y del líder provincial Julián de Huelbes, de Ocaña. Fueron además escogidos el abogado y propietario de Talavera Mariano Jaén, el secretario de la Diputación, Manuel López Infantes, y otros tres miembros de la Junta -el propietario agrícola Félix Martín, de Illescas, el juez de Quintanar Mateo Bazán y el militar retirado Luis Carrillo, de Sonseca-.
González-Alegre, el más joven de todos, venía a incorporarse a un grupo cuyos componentes contaban ya con experiencia parlamentaria o, como en el caso de Mansi a partir de 1841, de Diputados provinciales. Él mismo hubo de excusar su bisoñez en el curso de las sesiones de la cámara inauguradas el 8 de noviembre, pero se iba a singularizar, en primer lugar, por iniciativas tendentes a consolidar los logros del levantamiento de julio y a democratizar las instituciones.
Se quejó, así, de que adictos al Gobierno depuesto siguieran ocupando cargos provinciales o de que los gobernadores reprimiesen opiniones contrarias a sus designios de cargos electos como los alcaldes y exigió acentuar el régimen de incompatibilidades, sosteniendo incluso la supresión del derecho de los ministros a percibir retribución tras su cese.
Preocupado asimismo por las noticias sobre la inminencia de una nueva asonada carlista que afectaría a pueblos de Toledo y que efectivamente estaba organizándose, reclamó el refuerzo de la Milicia Nacional para hacerla frente.
La insurrección estalló a finales de mayo de 1855, con incidencia sobre todo en Aragón, tras una sucesión de intentonas previas abortadas, pero el refuerzo pedido tan solo fue autorizado el 2 de junio, después de que la Diputación, presidida por el antiguo alcalde Joaquín Pérez González (1797-c. 1865), cursara una nueva solicitud.
Incidió igualmente sobre el «compromiso contraído» con sus votantes para alcanzar con urgencia la supresión de la contribución de consumos y de los derechos de puertas, una de las aspiraciones en el origen del alzamiento popular. A fin de satisfacerla, presentó el 28 de noviembre, junto con los otros Diputados por Toledo, un proyecto de ley que sirvió de base para la puesta a punto de otros más elaborados. La medida sería al fin acordada el 9 de febrero de 1855.
Su defensa no le impidió promover, contra la posición mayoritaria del Congreso, una aplicación flexible de la ley que no obstaculizara la pretensión de algunos ayuntamientos de adoptar arbitrios para atender necesidades perentorias. Chocaba, como frente a él sostuvo el exsecretario de la corporación provincial Manuel López Infantes, con el criterio de atribuir a las Diputaciones tal potestad, reservada a los gobernadores civiles y, en última instancia, al Gobierno a partir de 1856.
Ahora bien, la mayoría de sus intervenciones afectaban a la población toledana de manera especial. A veces respondían a intereses particulares, como su reclamación, desde la perspectiva del principio burgués de libertad de comercio, de medidas para impedir que las subastas de bienes desamortizados quedaran en manos de especuladores madrileños y para encomendar su gestión, concentrada en la capital, a funcionarios provinciales; o como su apoyo a las pretensiones de la industria espadera de poder llevar al mercado sus productos en igualdad de condiciones que la fábrica nacional de armas.
La conexión ferroviaria con Madrid
Otros asuntos tenían que ver, por el contrario, con intereses generales. Era el caso de la mejora del estado de la carretera de Toledo a Madrid y, sobre todo, de la línea de ferrocarril que conectase con Madrid. La concesión de 1854 había sido cancelada. En primer lugar, por ser uno más de los negocios especulativos relacionados con la corrupción de los últimos gobiernos moderados.
Así lo denunció en su origen Ruperto Navarro Zamorano, hermano del gobernador de Toledo nombrado tras los acontecimientos de julio. Por otro lado, sus promotores, Fernando Fernández de Córdoba, fugaz presidente del Consejo de Ministros, y Joaquín de la Gándara (1817-1880), enfrentados con las armas al levantamiento popular en Madrid, y José de Zaragoza (c. 1810-1869), estrecho colaborador del mismo Luis Sartorius, estaban huidos y vetados. En fin, se tramitaba, con participación destacada de los diputados toledanos, una nueva Ley de Ferrocarriles, promulgada en junio de 1855, que pondría límites a la especulación.
Al tiempo que se discutía el proyecto legal, González-Alegre y Manuel López Infantes consiguieron que el Gobierno se mostrase favorable a un nuevo enlace ferroviario de Toledo con la línea del Mediterráneo que pudiera prolongarse hasta Talavera.
Simultáneamente, apoyaba la idea de un ferrocarril de Madrid a Portugal siguiendo el valle del Tajo, por Torrijos, Talavera, Cáceres y Badajoz, presentada por Mansi y parlamentarios toledanos y cacereños. Se pretendía que fuera construido a la vez que otra línea por el valle del Guadiana propuesta por los diputados de Ciudad Real.
La oposición a la idea por parte del ministro de Fomento, Francisco de Luxán (1799-1867), de Práxedes Mateo Sagasta y de diputados pacenses y andaluces, interesados por aprovechar el trayecto entre Ciudad Real y Badajoz, por donde Luxán era diputado, para enlazar con las zonas mineras de Almadén y de Bélmez, impediría la aprobación del proyecto hasta diez años después, cuando comenzó la explotación de las minas de fosfato descubiertas cerca de Cáceres, que Segismundo Moret (1838-1913), futuro presidente del Consejo de Ministros, adquirió en 1876, lanzando entonces por fin la construcción de ese ferrocarril.
Siguió adelante, no obstante, el proyecto de conexión con Madrid, mediante un ramal que partiera de Castillejos, tras firmar el Ayuntamiento un contrato de endeudamiento a largo plazo con el financiero José de Salamanca, propiciado por González-Alegre y Ambrosio González.
Una comisión presidida por Félix Martín, en la que Rodrigo González-Alegre ejercía de secretario, se encargó de elaborar el correspondiente proyecto de ley, aprobado el 26 de junio de 1856 con el júbilo consiguiente de la población toledana. De todas formas, el trazado previsto para la línea por Cáceres, forzado por los intereses de los capitalistas inversores, y la resistencia de buena parte de los pueblos de la provincia a asumir gastos cerraban la puerta de manera definitiva a una posible prolongación del ramal toledano.
La labor parlamentaria de González-Alegre quedaría interrumpida al término del bienio progresista. La llegada al poder de los conservadores, con Ramón Narváez (1799-1868) al frente, frustraría en 1857 y 1858 sus intentos de acceder nuevamente al Congreso. Tales circunstancias explican que, a pesar de su protagonismo en la traída del ferrocarril, ni fuera invitado a la inauguración de la estación ferroviaria toledana el 12 de junio de 1858.
José Luis del Castillo
TOLEDO
Actualizado:07/12/2020
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