Conflictividad social y orden público en Toledo, durante el Primer Bienio republicano (1931-1933): La Provincia en Llamas

Entre 1931 y 1933, la provincia de Toledo se ve sacudida por una sucesión de conflictos de carácter político y social que, tomados en conjunto, adquieren la morfología de una auténtica lucha interclasista.

En esta dinámica de enfrentamiento, las capas sociales menos favorecidas reafirmaron su conciencia de clase y asentaron su estructura institucional. 

Simultáneamente, el bloque de la derecha sentía la amenaza que, para su tradicional posición dominante en el campo toledano, representaba la legislación social de los gobiernos del primer bienio republicano.



El coste en víctimas mortales de esta tensión social fue muy elevado, uno de los más elevados de las provincias españolas. A ello colaboró decisivamente la política de orden público del nuevo régimen republicano que se expresó a través de la cuestionable actuación de los diversos gobernadores civiles

1. INTRODUCCIÓN 

En la historiografía española contemporánea no son escasos los estudios sobre las agitaciones sociales en la Segunda República. Se trata, en general, de consistentes aportaciones de historia regional o provincial que suelen referirse al ámbito geográfico de las comunidades andaluza y extremeña1 ; todos ellos constituyen, sin duda, elementos esenciales para alcanzar una interpretación completa de la cuestión. No obstante, adolece ese compendio historiográfico, a nuestro entender, de aportaciones referidas a provincias hasta ahora olvidadas en dichos estudios. El caso de Toledo es, en ese sentido, paradigmático. Entre abril de 1931 y noviembre de 1933 se produjeron en la provincia 32 muertes en incidentes de carácter social o político. Se trata de cifras realmente llamativas para una población de sólo 489.396 personas. 2 

Estos datos, a falta de un estudio comparado con otras regiones, nos permiten señalar a esta provincia como una de las que padecieron los conflictos político-sociales más intensos de ese periodo. Cuantitativa y cualitativamente, esa cadena de sucesos violentos adoptó un carácter pre-revolucionario que puso en cuestión la estructura social dominante. De esa manera, se impugnaba también el tradicional sistema de relaciones de dependencia que había imperado en el campo manchego durante siglos. 

En sentido amplio, las muestras de conflictividad que vamos a analizar en las siguientes páginas, conforman un evidente escenario de enfrentamiento interclasista. La extinta Monarquía había arrastrado consigo a una parte sustancial del anquilosado esquema social en el que se apoyaba, e inmediatamente se pudo comprobar que las masas trabajadoras no estaban dispuestas a dejar pasar la oportunidad de impulsar transformaciones de gran alcance. 

Cada grupo social se situó ante las nuevas circunstancias; así, mientras el bloque de derechas se organizó defensivamente en torno a los propietarios agrícolas y dos principios básicos: el agrarismo y el catolicismo3, el proletariado rural percibió que, por primera vez, el aparato del Estado no le era hostil y, cada vez más convencido de su fuerza real, tomó conciencia de su posición como clase, con intereses específicos diferenciados de otros segmentos del proletariado.

2. LA PROVINCIA EN LLAMAS 

La historia de la provincia de Toledo durante los dos primeros años republicanos se halla plagada de incidentes violentos, en los que los grupos políticos y sociales midieron sus fuerzas. Desde la que se considera primera ocupación de tierras durante la Segunda República5, hasta el asesinato de un obrero sindicalista católico en Los Navalmorales6 , los conflictos sociales y políticos con distinto grado de violencia se extendieron por todas las comarcas toledanas. El recurso violento pasó a ser un instrumento esencial en la política de masas7 . Su uso se convirtió en algo cotidiano, que hallaba justificación desde todos los puntos del espectro polí- tico, exceptuando quizás al sector de la débil burguesía republicana. 

El tratamiento de estos acontecimientos en la prensa provincial nos ayuda a entender la intensidad con la que alteraron la vida diaria de la provincia. Incluso se crearon secciones fijas para informar sobre «la situación social de la provincia». 8 En las siguientes páginas abordaremos esos sucesos en un doble aspecto: en primer lugar, como un estudio cuantitativo y creemos próximo a la exhaustividad, que recoge todos los conflictos en cuestión; en segundo lugar analizaremos la política de orden público, con especial hincapié en la actuación de los gobernadores civiles. En el Mapa 1 mostramos la distribución comarcal de las víctimas mortales y heridos por arma de fuego o arma blanca consecuencia de esos sucesos. 

Las cifras más elevadas, 23 víctimas mortales, se registran en las comarcas de La Mancha, La Sagra y Torrijos. Se trata de tres zonas con escasa presencia del latifundio, tierras aceptablemente cultivadas y con predominio de la pequeña propiedad9 . Por el contrario, en los espacios latifundistas clásicos de los Montes de Toledo, la Campana de Oropesa o La Jara sufren solamente cuatro muertes. Aparece así la primera contradicción que matiza una de las tesis habituales de la historiografía española contemporánea sobre el tema, a saber, que la violencia en el campo tenía su origen en el injusto reparto de la tierra, es decir, el latifundismo actúa como catalizador de esa violencia. Sin desechar ese factor de relevancia indiscutible, se trata de delimitar su incidencia e identificar otras variables no estructurales que intervienen en el fenó- meno. 

Pensemos que la injusta estructura de propiedad de la tierra en la región es una constante que hunde sus raíces en el Antiguo Régimen y que se acentúa durante la fase desamortizadora. Así pues, el «problema de la tierra» era parte consustancial de la vida política, social y económica de la provincia desde hacía siglos, y sin embargo, nunca se había llegado a procesos revolucionarios, ni siquiera a conflictos sociales de alguna importancia.

 ¿Qué factores nuevos actuaron en Toledo durante el primer bienio para confluir en esa fase de conflictividad desconocida hasta entonces?10 No son estas breves páginas el lugar adecuado para aportar una tesis global sobre la cuestión, nos limitaremos a proponer algunos elementos de interés que bien podrían ayudar modestamente a configurar un marco global. 

Siguiendo con el análisis de la distribución comarcal de víctimas violentas, apuntemos que, por lo que se refiere a La Mancha toledana, se contabilizan 13 muertos y 17 heridos, destacando el peso que en el saldo trágico tuvieron los sucesos de Corral de Almaguer, en septiembre de 1931, y los de Villa de Don Fadrique, en julio de 1932, con cinco y tres víctimas mortales respectivamente. En esta comarca concreta tendríamos que valorar la dependencia de una agricultura dominada por el olivo y la vid11, con importante demanda de mano de obra estacional y con nulas alternativas productivas que pudieran paliar los efectos de las malas cosechas. Complementaba el cuadro un sector patronal que utilizaba sabiamente y sin piedad su dominio del mercado de trabajo. 

En ese caldo de cultivo, era lógico que el proletariado agrícola iniciase un proceso de toma de conciencia política que convirtió a la zona en uno de los radios más sólidos del Partido Comunista en todo el país. Desde Villa de Don Fadrique, el PCE extendía su influencia a toda la comarca, trasmitiendo una concepción revolucionaria que fue percibida como una amenaza por las «gentes de orden». A partir de ahí se entenderían los excesos represivos en la comarca manchega, que concluyeron en una verdadera matanza de campesinos. 

Con respecto a los territorios de Torrijos y La Sagra, donde se produjo también un número destacado de víctimas, 10 muertos y 22 heridos, la explicación tendría una doble vertiente: la cercanía de Madrid y un poblamiento más denso. Desde la capital del Estado llegaban fácilmente a esas tierras las ideas socialistas, comunistas y anarquistas, acompañadas de las últimas noticias de la efervescente vida política de la metrópoli. 

Se impregnaban así las capas obreras del sustrato ideológico imprescindible para hacer frente a las fuerzas de la clase dominante. Unamos a ello el factor de una alta densidad de población, con presencia de un proletariado más culto12 y desarrollado que poseía instrumentos de protección y defensa superiores a los existentes en otras comarcas. La estrecha y cercana red de instituciones controladas por los partidos de iz-quierdas, desde los ayuntamientos a las sociedades obreras, aseguraba una comunicación fluida de las ideas proletarias y la consolidación de una conciencia de clase cada vez más depurada.

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